La realidad del acuerdo migratorio entre EE.UU. y Costa Rica

La realidad del acuerdo migratorio entre EE.UU. y Costa Rica

por Natalia Cifuentes Mora

El 23 de marzo de 2026, la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles oficializó un acuerdo migratorio con los Estados Unidos que posiciona a Costa Rica como un actor clave en la gestión de los flujos migratorios del hemisferio. Este convenio permite el traslado anual de hasta 1.300 personas extranjeras (con un estimado de 25 por semana, según la necesidad) desde territorio estadounidense hacia Costa Rica. Esta es la segunda vez que Costa Rica firma un acuerdo migratorio mediante el cual migrantes extranjeros han sido acogidos por el país.

Precediendo la formalización del acuerdo migratorio de 2026, el primer recibimiento de migrantes extranjeros fue en febrero de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica tomó la decisión de deportar y trasladar forzosamente a Costa Rica a 200 personas migrantes de diferentes nacionalidades. Es crucial notar que estas personas no eligieron llegar al país, sino que la decisión de su devolución fue impuesta unilateralmente por la política estadounidense. Su estancia se caracterizó por el confinamiento forzoso en instalaciones precarias, específicamente el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM): un alojamiento inadecuado y remoto, próximo a la frontera panameña. Entre las vulneraciones documentadas se incluyen la restricción de su movilidad, la confiscación de sus documentos de viaje y la presencia de menores de edad en el grupo sin la adecuada separación y cuidados. Estas personas, sin lazos con Costa Rica y en su mayoría de nacionalidades africanas o asiáticas, y sin conocimiento del idioma o del país en general, fueron mantenidas bajo custodia por meses, reubicadas dentro del territorio y, finalmente, desatendidas.

Analizando el panorama completo, este acuerdo formalizado en marzo de 2026 no es un hecho aislado, sino que refleja una marcada alineación geopolítica con el gobierno estadounidense. Observándose una tendencia del gobierno de Rodrigo Chaves y que se mantiene en el gobierno actual costarricense hacia políticas de “mano dura”, como ya se evidenció con el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), similares a modelos regionales como el de El Salvador, ejemplificado por estructuras de confinamiento masivo como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y una estrategia de “externalización de fronteras” donde países como Costa Rica, Panamá, Ecuador y Paraguay funcionan como barreras de contención a cambio de evitar sanciones o restricciones económicas o de visado. De alguna manera, estos gobiernos se ven coaccionados por Estados Unidos a aceptar términos y condiciones, sin poder aportar o tener control sobre estos acuerdos. Este tipo de convenios no solo está sucediendo en el continente americano, sino también en África, donde varios países como la República Democrática del Congo han tenido que ceder a las presiones del gobierno estadounidense.

Este patrón de “externalización de fronteras” no solo fuerza a países a funcionar como barreras de contención, sino que expone una falla de lógica geográfica y cultural en la política estadounidense. Los flujos de deportados son extremadamente diversos; la primera ola que llegó a Costa Rica no se limitó a latinoamericanos (Honduras y Guatemala), sino que incluyó nacionales de China, India, Kenia, Marruecos y Albania. Esta multiplicidad de orígenes presenta un desafío logístico y humanitario, poniendo en duda la capacidad del Estado costarricense para responder a la altura o brindar lo necesario ante la gran diferencia cultural.

Esta crítica resuena con la realidad inversa observada en África: la República Democrática del Congo (RDC), al acceder a presiones similares de EE. UU. recibió como primeros deportados, entre otros, a 15 latinos el pasado 17 de abril de 2026. Todos estos factores de diversidad y desorden geopolítico confirman la complejidad logística de la implementación del acuerdo en las varias regiones del mundo. Adicionalmente, este tipo de situaciones demuestra cómo EE. UU. está tratando a los gobiernos de los países como piezas de su juego: ya que pierden lentamente su soberanía y autonomía en la escala global, recibiendo a personas en lugares donde ni el idioma ni la cultura tienen sentido para ellos, solo por cooperar y ayudar a un tercer partido a lograr una cuota de deportación.

Estos grupos de migrantes, incluidos los que llegaron en la primera ola el 11 de abril a Costa Rica, llegan al país bajo condiciones de custodia estrictas, reportándose que viajan esposados hasta poco antes del aterrizaje. Una vez en suelo nacional, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con apoyo financiero del gobierno estadunidense, asume la asistencia primaria durante un periodo de siete días, brindando servicios esenciales que abarcan desde alimentación y hospedaje, hasta chequeos de salud general y apoyo psicosocial. Durante este tiempo, las personas tienen libertad de movimiento y pueden elegir entre el retorno voluntario asistido a su país de nacimiento, la solicitud de refugio o una condición de regularidad temporal por un año.

A pesar de la defensa del oficialismo, representado por figuras como Pilar Cisneros (exdiputada) y Laura Fernández (presidenta electa), defendiendo el acuerdo como una alianza necesaria contra el crimen organizado y una muestra de cooperación internacional, la realidad en el terreno exige vigilancia. La diputada Monserrat Ruiz ha señalado que el acuerdo padece de una falta de transparencia y logística, la cual pone en tela de juicio el compromiso real del gobierno hacia la protección de los derechos humanos. El desarrollo de este nuevo flujo migratorio se sustenta sobre los preocupantes antecedentes de 2025, año en el que el Poder Ejecutivo fue condenado por un juez constitucional por maltratos y detenciones arbitrarias de personas migrantes, incluidas menores de edad.

Existen dudas razonables sobre si el Estado costarricense ha corregido las fallas del pasado. Personas críticas y exdiputaciones, como Antonio Ortega Gutiérrez y Rocío Alfaro, han señalado la contradicción de comprometerse a recibir extranjeros cuando el sistema nacional ha demostrado una incapacidad de atender dignamente a sus propios ciudadanos retornados de EE. UU. Esta desprotección empieza mucho antes de que pisen suelo nacional. Mientras el gobierno se luce firmando acuerdos, hay familias costarricenses desesperadas denunciando que sus parientes están detenidos definitivamente en centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE), con la salud deteriorada y sin que las autoridades costarricenses apoyen adecuadamente para ayudarlos. Aquí es donde se ve la ironía y la indiferencia en temas migratorios de la administración Chaves Robles y la actual de Fernández Delgado. Asimismo, se cuestiona si la soberanía nacional se ve comprometida al aceptar un rol de “país puente” en procesos que se perciben como arbitrarios desde su origen en Norteamérica. Al fin y al cabo, el hecho de que ambos gobiernos EE. UU. y Costa Rica se desentienden de la responsabilidad de estas personas migrantes y de sus obligaciones legales, demuestra que queda una zona gris donde dichas personas migrantes podrían ser aún más vulneradas.

Finalmente, la ejecución del acuerdo permanece bajo el escrutinio de instituciones de control como la Defensoría de los Habitantes y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Estas entidades realizan inspecciones periódicas para verificar que la información legal se traduzca correctamente a los idiomas de las personas migrantes y que se respeten los estándares internacionales de movilidad y dignidad. El éxito o fracaso de este convenio dependerá de la capacidad de Costa Rica para asumir este rol de país puente y equilibrar sus compromisos diplomáticos con los de EE. UU. frente a su responsabilidad histórica de respeto a los derechos fundamentales, evitando repetir las vulneraciones documentadas en procesos de repatriación anteriores.

Natalia Cifuentes Mora

Pasante Sulá Batsú - Alternatives

Bachiller en Ciencias Políticas y Desarrollo Internacional

Universidad McGill, Montreal, QC

Referencias